Por Joanisabel González, El Nuevo Día

Aunque el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha asegurado repetidamente que no está obligado a implementar las recomendaciones que haga la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), dos documentos del Comité de Recursos Naturales del Congreso apuntan a que la intención de ese cuerpo legislativo era dotar al organismo federal de suficiente poder para que impusiera sus propuestas, aun cuando el mandatario y la Legislatura de la isla se opusieran.

“La (JSF) tiene la autoridad para hacer cumplir presupuestos balanceados y reformar el gobierno si el territorio falla en hacerlo”, reza un documento explicativo sobre la ley federal Promesa preparado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, que preside el republicano Rob Bishop, figura clave en la aprobación del estatuto.

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El documento identificado como “Promesa Packet” fue distribuido a congresistas y asesores en junio del 2016, antes de la votación de la pieza que fue aprobada de manera bipartita y convertida en ley por el entonces presidente Barack Obama ese mismo mes.

“Promesa restaurará el estado de derecho y protegerá los derechos en ley de los inversionistas de la isla”, se agrega en el documento en el que se subraya que los planes fiscales “son la principal herramienta” que tiene la JSF para asegurar “la rendición de cuentas en el territorio y sus instituciones”.

Con el documento, buscaban derribarse diversas premisas que surgieron durante la discusión de Promesa, como la distinción entre el estatuto y el capítulo 9 del Código de Quiebras. Se indica que la legislación congresional era necesaria para evitar que Puerto Rico “repudiara” sus deudas y que instituría “reformas fiscales y económicas para garantizar que la isla recobre el acceso a los mercados de capital”.

La JSF y Rosselló Nevares están encontrados, luego de que el organismo nombrado por el Congreso dijera que cinco de los seis planes fiscales que presentó el gobernador están plagados de deficiencias y que, por eso, no son certificables a la luz de Promesa.

De sobre 50 condiciones, cambios y pedidos de información adicionales que solicitó la JSF, Rosselló Nevares dijo que no dará paso a una segunda reforma laboral ni a modificar las pensiones, como le ha requerido la Junta.

Rosselló Nevares hace una diferencia entre lo que son medidas “fiscales” y “reformas estructurales”, y parte de sus argumentos descansan en la decisión de la jueza Laura Taylor Swain en el caso de la designación fallida de Noel Zamot como oficial de transformación en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por parte de la JSF.

La sección 205 de Promesa

“La Junta no puede utilizar el proceso de planificación fiscal para usurpar o menoscabar el ejercicio propio del gobierno -a través de legislación, gastos o de otra forma- de sus poderes políticos,de gobierno y operacionales”, indicó Rosselló Nevares al presidente de la JSF, José B. Carrión, el pasado domingo.

Según el gobernador, “ciertas” revisiones requeridas por la JSF son “el equivalente” de lo que serían recomendaciones bajo la sección 205 de Promesa. Esta sección dice que la JSF podrá hacer recomendaciones de todo tipo al gobernador y la Legislatura y estas instituciones deberán acogerlas o explicar por qué no se adoptarán.

Sin embargo, el documento explicativo circulado a los congresistas y el reporte sobre la legislación al pleno del Congreso ofrece una explicación distinta del alcance de la sección 205.

Según el documento, las recomendaciones que haga la JSF bajo esa sección “buscarán asegurar el cumplimiento con el plan fiscal y los presupuestos, así como promover estabilidad financiera, crecimiento económico, responsabilidad gerencial y eficiencia en la prestación de servicios del gobierno territorial”.

“La JSF puede incorporar cualquiera recomendaciones -incluso aquellas que no se adopten por la Legislatura o el gobernador- en el desarrollo de los planes fiscales”, rezan ambos documentos.

Aunque no son parte del texto de Promesa, los dos documentos ofrecen luz sobre las motivaciones e intenciones del Congreso al adoptar el estatuto y podrían ser considerados por la corte en una eventual disputa entre la JSF y Rosselló Nevares.

El fallo de Swain

De otra parte, si bien en el caso del intento de la JSF por controlar directamente las operaciones de la AEE Swain concluyó que, según Promesa, la JSF no tiene “poderes amplios” para crear o redefinir estructuras de gobernanza territorial y su alcance es menos abarcador que el otorgado a la junta de control financiero que rigió las finanzas de Washington D.C., la jueza también sostuvo que “la estructura de poder compartido” entre la JSF y el gobierno, creada en Promesa, viene “cargada con el potencial de sabotaje mutuo”.

En síntesis, según el fallo de Swain, la JSF puede obstaculizar los planes del gobierno, pero las autoridades territoriales podrían hacer lo mismo “actuando irresponsablemente o negándose a adoptar recomendaciones que podrían no ser la primera alternativa para el gobierno local, pero que pueden, mediante el trabajo con la JSF, generar apoyo del mercado y fuera del gobierno”.

“Las posibilidades negativas deben motivar a las partes a trabajar en conjunto, rápidamente, por un cambio positivo”, indicó entonces Swain.